Más del 90% de víctimas de trata con fines de explotación sexual son niñas y adolescentes

Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- La trata de personas con fines de explotación es un problema mundial y uno de los delitos y formas de violencia más graves que existen, debido a que priva de su dignidad y libertad a millones de personas en todo el mundo, siendo mujeres y niñas la mayor parte de víctimas.

Según el Ministerio del Interior, en el año 2021 se han registrado 327 denuncias por trata con fines de explotación sexual; y, en el año 2022, se han registrado 331 casos, lo que evidencia un incremento de denuncias. Asimismo, las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas, de enero a abril 2023 han registrado 688 casos de trata de personas, de los cuales 68 corresponden al delito de trata con fines de explotación sexual.

De otro lado, los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional, de enero a julio del 2023, registran 72 casos de trata con fines de explotación sexual, donde el 97,8% de las víctimas son niñas y adolescentes. Respecto a las regiones con mayores números de casos de trata con fines de explotación sexual, están Lima Metropolitana (36,1%), Piura (20.8%), Tacna (11.1%) y Huánuco (4.2%).

La coordinadora de proyectos Perú en ONU Mujeres, María Pía Molero, señala que la captación de víctimas de trata con fines sexuales se presenta usualmente de alguna forma de engaño, para lo cual se recurre a la seducción, a las falsas ofertas de trabajo o de estudio como un medio para que las víctimas se aparten de sus hogares y, posteriormente, sean explotadas.

Además, indica que las principales finalidades de explotación son la sexual y laboral en todas las regiones del Perú, precisando que la mayoría de víctimas de trata son mujeres, lo que está estrechamente relacionado a los patrones socioculturales y estereotipos de género que mantienen a las mujeres durante largo procesos históricos en situaciones de brecha y desigualdades de género, indicando que esto repercute en la vida y desarrollo integral de todas las mujeres en sus diferentes ciclos de vida.

Además señala que, si bien todavía hay mucho por trabajar, también hay avances, pues el Poder Judicial reconoce que el enfoque de género es una herramienta conceptual y metodológica que permite reconocer las relaciones asimétricas de poder basadas en fundamentos culturales que colocan en  situaciones jerárquicas diferenciadas a los varones frente a las mujeres y, admite, que estas relaciones tienen una base social histórica, por lo que se superponen a otras variables como la raza, la etnia, clase u orientación sexual.

En esa misma línea, enfatiza que el Tribunal Constitucional manifiesta que el uso de este enfoque en la administración de justicia debe estar presente en el razonamiento que sustentan las decisiones de los jueces y fiscales al momento de impartir justicia e investigar el delito.

La coordinadora de proyectos de CHS Alternativo, Ana Ladera, señala que, efectivamente las cifras revelan la magnitud de la problemática de la trata de personas; pero, enfatiza que al Estado le hace falta reflexionar sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para la atención, prevención, persecución, sanción y, sobre todo, para la reintegración de víctimas de trata.

La especialista menciona que los presupuestos no han cambiado en los años 2020, 2021 y 2022, pues indica que si comparamos los presupuestos que se tenían en el 2015 con los años mencionados, el presupuesto es tres veces menor actualmente  y esto nos lleva a reflexionar de que para poder hacer prevención y disminuir el número de casos de trata de personas se necesita incrementar los presupuestos de tal manera que llegue ayuda directamente a la víctima y no se quede en el proceso.

La experta también menciona que en la  Ley Nº 28950, contra la trata de personas, se encuentra un artículo donde se hace énfasis de que el presidente del Consejo de Ministros de la República tiene que ir cada 23 de setiembre al Congreso con la ministra de la Mujer y con el ministro del Interior a rendirle cuentas al Estado sobre cómo está abordando esta problemática; no obstante, según la especialista, ya van 5 años que no se tiene la presencia del premier y de su equipo frente al Congreso de la República, remarcando que la responsabilidad no es solo del Ejecutivo sino también del Legislativo, porque este último tiene que hacer presión para que el Ejecutivo vaya y le rinda cuentas al Estado.

Frente a la magnitud de la trata con fines de explotación sexual que nos muestran los registros mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a los casos de la trata de personas con fines de explotación sexual para que estos no queden ocultos e impunes.

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