402 mujeres indígenas y afrodescendientes son víctimas de violencia de género en Perú

Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- Según el censo nacional del año 2017, en el Perú existen 2 millones 957 mil 212 mujeres andinas, 107 mil 640 mujeres amazónicas y 379 mil 646 mujeres afroperuanas; no obstante, son parte de las poblaciones con menores posibilidades de acceso a la educación y al empleo.

Además, de enero a agosto del 2023, los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional a través del Portal Estadístico del Programa Aurora han registrado 229 casos de violencia contra la población indígena, de los cuales  212 corresponden a casos donde fueron víctimas mujeres.

Los tipos de violencia más frecuentes de los que son víctimas las mujeres indígenas u originarias de la Amazonía, son la violencia física (48%) y violencia sexual (32.8%). Las regiones con mayor número de casos son: Amazonas (34.1%), Junín (22.7%),  Ucayali (14.8%) y Loreto (13.5%).

Del mismo modo, los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional de enero a agosto 2023, registran 215 casos de violencia a personas de la población afroperuana, de los cuales 190 corresponden a casos donde fueron víctimas mujeres, los tipos de violencia más frecuentes de los que son víctimas las mujeres afroperuanas son la violencia física (43.7%), violencia psicológica (41.4%) y sexual (14.9%). Las regiones con mayor número de casos son: Lima Metropolitana (22.8%), Ica (22.3%) y San Martín (11.2%). Es importante resaltar que en más del 50% la violencia es ejercida por la pareja de la mujer indígena o afrodescendiente.

La responsable del programa mujeres indígenas de Chirapaq, Brenda Araujo, señala que las mujeres indígenas y afrodescendientes vienen experimentando diversas formas de violencia no solo por su condición de mujeres, sino por otras variables de opresión concernientes a relaciones de poder, clase, etnia, condición migratoria y género. Por ende, para entender esta violencia es necesario tener presente no solo el enfoque de género, sino también el intercultural e interseccional.

La experta señala que es importante visibilizar que, en el caso de las mujeres indígenas, es sumamente complicado el que puedan acceder a la justicia, pues hay niveles altos de costos para ir a denunciar, para orientarse, para ir al juzgado, para acudir al médico legista; además, indica, no es solo un tema de costos, sino también es tiempo y cuando pasa el tiempo no favorece el proceder de la denuncia y al seguimiento.

La especialista menciona que existen dificultades, como por ejemplo las instituciones de atención frente a las violencias se encuentran en las capitales de provincia, siendo los únicos operadores en las comunidades los Jueces de Paz y estos no garantizan el adecuado tratamiento del caso, acceso a la justicia y protección a la víctima.

Las mujeres indígenas, que son víctimas, tienen escasos recursos económicos para poder viajar hasta la capital del distrito o provincia, todo ello sumado a la presión social donde se tilda de vergonzoso denunciar al esposo y ser madre soltera, por ello las mujeres indígenas tienden a soportan en silencio los actos de violencia.

La responsable de proyectos en Lundu, Brenda Garay, menciona que la mujer afroperuana presenta menores posibilidades de acceder a la educación y empleo. Esta situación dificulta sus posibilidades de ascenso económico. Además, si finalmente logra una educación superior, la dificultad de conseguir trabajo es mayor que la de una mujer blanca, oriental y/o indígena, a pesar de tener los mismos estudios. Señala también que el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres afroperuanas son limitadas, así como el adecuado tratamiento de su salud integral por ser de una población con algunas enfermedades recurrentes.

Es importante destacar que el documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014), denominado “Afroperuanas. Situación y marco legal de protección de sus derechos”, señala que el 54.5% de afroperuanos/as percibe haber sido discriminado y agredido verbalmente, especialmente las mujeres, cuyas agresiones no son denunciadas, por  el desconocimiento de que el racismo es un delito y la dificultad de tener medios probatorios. Frente a la problemática de la violencia contra las mujeres indígenas y afrodescendientes que nos muestran los datos estadísticos mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a estos casos para que estos no queden ocultos y sean sancionados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *