Más de mil mujeres migrantes son víctimas de violencia de género en el Perú

Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- La violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos que afecta especialmente el derecho a la salud integral y al desarrollo personal; y, en casos extremos, el derecho a la vida misma. La condición de migrante puede acentuar la vulnerabilidad y exposición de las mujeres a situaciones de violencia de género.

Los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional informaron que, de enero a agosto del 2023, se registraron 2 mil 058 casos de violencia a personas extranjeras; de los cuales, en 1 mil 831 (89%) han sido víctimas mujeres. Respecto a los tipos de violencia, se observa que 864 (42%) son casos de violencia física; 697 (33.9%), violencia psicológica; y 496 (24.1%), sexual. También precisaron que, en su mayoría, las víctimas provienen de Venezuela (1498 mujeres y 180 hombres), seguido de Colombia (192 mujeres y 19 hombres).

La adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Diana Portal, menciona que las mujeres migrantes se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad debido al desplazamiento que han tenido y a que no están en su propio país; por ende, su situación se agrava no solo por ser mujeres sino también por su condición particular.

Señala también que es importante, cuando aborda la problemática de la violencia contra las mujeres migrantes, no solo tener en cuenta el enfoque de género sino también el enfoque interseccional pues permite reconocer la experiencia frente a la violencia y la discriminación que viven las mujeres, lo cual se vincula a su identidad como a su condición de migrante o refugiada, entonces esta condición agrava la desigualdad y brecha de género que existe en el país.

La experta destaca que el informe sobre violencia contra las mujeres migrantes en el Perú, de la Defensoría del Pueblo, identificó dificultades en el acceso a los servicios; por lo cual, se establecieron recomendaciones específicas, sobre todo para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respecto a la modificación de sus protocolos, de tal forma que el Centro Emergencia Mujer esté facultado para enviar a la autoridad migratoria toda documentación que acredite la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

Del mismo modo, señaló que se dio recomendaciones a la Superintendencia Nacional de Migraciones de disponer, en el marco de los servicios migratorios que brindan las/os funcionarias/os, la necesidad de brindar información sobre la violencia basada en género y los servicios que brinda el Estado para su atención y protección. La experta, también menciona que el Texto Único Ordenado de la Ley 30364 y su reglamento, reconoce a las personas en su condición de vulnerabilidad. Por ende, las mujeres migrantes también pueden acceder a los servicios que están enmarcados en esta norma.

María Parihuamán, de la Organización Internacional para las Migraciones en Perú, menciona que existe una fuerte presencia de mujeres migrantes en el Perú; no obstante, son las que están más expuestas a situaciones de violencia y explotación.

La experta indica que existen causas que incrementan la situación de violencia como: La falta de información sobre el contexto migratorio,  regularización migratoria y el acceso al sistema de asilo; la precarización laboral, acceso limitado a empleo digno, brechas  de género en los ingresos y sobrecarga de tareas de cuidado casi exclusivamente de las mujeres y niñas refugiadas y migrantes; una mayor inseguridad en el tránsito y en los países de acogida,  que se ve agravada por ausencia de redes de apoyo como la familia  y las amistades; la falta de acceso a servicios básicos para prevenir la violencia de género y atenderla cuando ocurre; y la xenofobia y el racismo como determinantes en el impacto  agravado de la violencia sufrida por las mujeres, adolescentes y  niñas migrantes y refugiadas.

La especialista destaca que, para abordar y prevenir esta problemática, es necesario incorporar el enfoque interseccional, pues  ayuda a reconocer a las personas en su diversidad; asegurar que los  servicios puedan  adaptarse según  el contexto social  y cultural de cada  persona; implica brindar  respuestas  específicas y  diferenciadas  según los tipos  de  vulnerabilidades  de las personas; asegurar la  representatividad  y participación  para la toma de  decisiones; y trabajar en  nuestros sesgos  personas  respecto a  distintos grupos  en situación de  vulnerabilidad.

Frente a la problemática de la violencia contra las mujeres migrantes que nos muestran los datos estadísticos mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a estos casos para que estos no queden ocultos y sean sancionados.

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