Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 358 233 en el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) al haberse advertido que funcionarios de la entidad otorgaron conformidad al pago indebido de refrigerio a través de vales de alimentos a personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, cuando dichos pagos no cumplían con los montos establecidos en el laudo arbitral del 4 de febrero del 2015, concordante con la Ley de Prestaciones Alimentarias y su reglamento.
Mediante el Informe de Control Específico N° 017-2024-2-0610-SCE, que evaluó el periodo del 1 de enero al 29 de febrero de 2024, se evidenció que, durante los meses de enero y febrero de 2024, se realizaron pagos por S/ 259 200 y S/ 251 480, respectivamente, a 218 trabajadores del PEOT.
Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el citado laudo arbitral y la Ley N° 28051 – Ley de Prestaciones Alimentarias, correspondían tan solo S/ 75 399 para enero y S/ 75 886 para febrero, conforme al tope establecido en el Art. 9 de la ley en mención. Es decir, se realizó un pago en exceso por un total de S/ 358 233, acumulado entre los dos meses.
Si bien es cierto, el laudo arbitral indicaba que el pago máximo por día laborado era de S/ 40.00, la Ley de Prestaciones Alimentarias y su reglamento establecen que el pago por refrigerio no debe superar el 20% del sueldo del trabajador. No obstante, la mayoría de trabajadores recibieron (cada uno) S/ 1 200 en enero y S/ 1 160 en febrero, excediendo no solo el tope del 20% establecido en la norma, sino el criterio citado por el mismo laudo, el cual indicaba que el pago de S/ 40.00 correspondía únicamente por cada día laborado y no por los días calendario del mes.
Así lo informó la entidad que supervisa y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas, señalando que los hechos expuestos contravinieron las normativas citadas, además de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público 2024.
La Contraloría General de la República identificó la presunta responsabilidad administrativa y civil en el gerente general del PEOT, por haber autorizado el pago excesivo de vales de alimentos e ignorar el criterio establecido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad; en el jefe encargado de la Unidad de Personal, por realizar un cálculo incorrecto para los pagos de refrigerio; en el jefe de la Oficina de Administración quien realizó los trámites correspondientes para la emisión de la certificación presupuestal; y el jefe encargado de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, quien certificó los montos de los pagos en exceso.
El informe fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para las acciones civiles, al Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque para las acciones que corresponda y al titular del PEOT para las acciones que permitan el deslinde de las responsabilidades en el plano administrativo.
