Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- Conocido el texto del Proyecto de Ley 02508/2021-PE, “que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), reafirmó su posición de condena a esta iniciativa del Ejecutivo que, de ser aprobada, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país.
La propuesta, cuyo texto íntegro se conoce 12 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, contempla un enunciado específico que hace referencia a la difusión de información a través de los medios de comunicación, dictaminando penas más severas, en dichos supuestos.
En ese sentido, el comité ejecutivo nacional de la ANP se pronunció y advirtió que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar; considerando que, llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales, contraviene la reserva de fuentes y el fallo del que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional.
El gremio también señala que, además, contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, han manifestado que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas.
Cabe señalar que, el mencionado documento, ingresado al Congreso de la República, propone incorporar el artículo 409 C en el Código Penal para sancionar al agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporcione o difunda información de carácter reservada. Igualmente, genera el agravante si esto es cometido por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú.
La ANP advertió la posibilidad de que este proyecto de ley sea aprobado en el Legislativo, que ya se ha mostrado favorable a iniciativas de esta naturaleza. La semana pasada, el Pleno del Congreso agendó un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que, bajo argumento de “fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz”, propone sancionar con pena privativa de la libertad a quien proporcione o difunda información sobre testigos protegidos o sus declaraciones.
Los directivos de la ANP remarcaron que han llamado la atención de manera reiterada sobre el grave riesgo que significa la sintonía entre Ejecutivo y Legislativo para promover el secretismo en los procesos de colaboración eficaz, en los que se encuentran comprometidos personajes políticos implicados en casos de relevancia pública, y manifestaron su preocupación por que las fuerzas partidarias demuestran una vez más la instrumentalización de las leyes en detrimento del bienestar social del país y en perjuicio de la lucha contra la corrupción.
La ANP, además rechaza los supuestos de la exposición de motivos del cuestionado proyecto, que pretende amordazar a la prensa respecto a denuncias de hechos de corrupción y reseña que los medios de comunicación generan una corriente de opinión apartada de los estándares jurídicos mínimos; precisando que, en la misma iniciativa, queda evidenciando que lo que se pretende es encapsular las investigaciones que son de interés público. Finalmente, el gremio matriz del periodismo peruano hizo un llamado abierto a hombres y mujeres de prensa de todo el país para que no claudiquen en su trabajo de investigación ni en su quehacer informativo, a sabiendas de la responsabilidad que tienen frente al derecho a la información de la ciudadanía.
