Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- La Defensoría del Pueblo saludó la decisión de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de aprobar, mediante Resolución N° 015-2024-PCM/SD, el instrumento técnico orientador para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas (APRC) de gobiernos regionales y gobiernos locales.
De esta forma, a partir de ahora, los gobiernos regionales y locales deberán considerar un conjunto de acciones para garantizar la más amplia participación ciudadana en estos espacios de control social sobre la labor que desarrollan las autoridades.
Entre las principales medidas que se incorporan en la resolución aprobada por la PCM está la necesidad de convocar a la población con 30 días de anticipación, así como el empleo de estrategias eficaces de difusión que garanticen una amplia participación, como avisos en emisoras radiales u otros medios de mayor acercamiento a la ciudadanía.
Se establece también que los gobiernos regionales y locales deberán publicar un resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas en días previos a cada audiencia, a fin de facilitar la interacción de la ciudadanía con preguntas y comentarios durante el desarrollo de la sesión.
Para la Defensoría del Pueblo, la resolución aprobada por la PCM constituye un paso importante debido a que en el ordenamiento jurídico peruano no existe una regulación para el adecuado desarrollo de las APRC.
Además, recoge las recomendaciones planteadas por la entidad en el Documento Defensorial 001-2024-DP/ADDS “Supervisión Nacional a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (APRC) a cargo de los gobiernos subnacionales, correspondiente a setiembre de 2023: hacia un modelo que contribuya al control ciudadano informado”.
No obstante, la Defensoría del Pueblo considera que el modelo recientemente aprobado debe migrar hacia uno con disposiciones de carácter obligatorio para los gobiernos regionales y locales. Así lo advirtió Yanina Pacheco, adjunta de Descentralización y Desarrollo Socioeconómico de la Defensoría del Pueblo, quien consideró que, si bien se han aprobado estas disposiciones, estas son solo de carácter opcional.
Además, remarcó que con estas acciones se busca contribuir al involucramiento de la población en las decisiones públicas que sus autoridades adoptan, con la finalidad de garantizar que las decisiones respondan a las reales necesidades de cada localidad.
“La Defensoría del Pueblo, en atención a la obligación legal de los gobiernos regionales y municipalidades de llevar a cabo, como mínimo, dos audiencias públicas de rendición de cuentas al año, en los meses de mayo y septiembre de cada año, también ha recomendado a todos los gobiernos subnacionales realizar mesas de trabajo previas a cada APRC para recibir aportes y sugerencias, a fin de que cada sesión se oriente a la mejora de la calidad de vida de las personas”, precisó.