Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- En el marco del Megaoperativo de Control en Lambayeque, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio de S/ 533 251.60 en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, adscrito al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a que se otorgaron conformidades por la prestación de servicios de alimentación, sin advertir las inasistencias del personal clave de la contratista, ocasionando que el referido establecimiento no realice el cobro de penalidades.
Según el Informe de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad N° 019-2021-2-0316-SCE, que evaluó el periodo del 17 de febrero de 2018 al 20 de febrero de 2019, el monto del perjuicio corresponde a 140 días de inasistencias del personal acreditado por el consorcio contratista para desempeñarse como representante, nutricionista y chef.
La cifra del perjuicio se determinó tras la revisión de la información del Sistema Integral de Visitas del citado establecimiento penitenciario, y de los comprobantes de pago y sus correspondientes órdenes de servicio que evidenciaron la inaplicación del descuento, permitiendo el pago total del servicio al proveedor ascendente a S/ 6 965 517.00
Es preciso señalar que las Bases Integradas del Concurso Público N° 005-2017 establecían como obligatoria la permanencia a tiempo completo (desde el desayuno hasta la cena) del personal clave.
La materia de control corresponde al Contrato N° 002 del 16 de febrero de 2018, referido al servicio de alimentación para los internos, algunos de ellos niños que son hijos de las internas y personal de seguridad que labora en la modalidad “24 x 48” horas en el penal. El contrato fue suscrito con un consorcio conformado por dos empresas para el otorgamiento de 3 922 raciones diarias por un plazo de ejecución de 365 días. Por estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de un funcionario y tres exfuncionarios del mencionado penal, por lo que el informe fue comunicado al Procurador Público del INPE para el inicio de las acciones legales civiles, y a la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario para que realice las acciones que permitan el deslinde de responsabilidades en el plano administrativo.
