Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- La violencia contra la mujer es una problemática de salud pública y derechos humanos, es la forma más frecuente de discriminación, sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad, entonces, suelen experimentar una doble discriminación en sus vidas, la de género y la relacionada con la discapacidad, lo que las coloca en un riesgo mayor de vivir violencia, abandono, malos tratos o explotación.
De acuerdo a los Centro Emergencia Mujer a nivel nacional, de enero a septiembre del 2023 se han registrado 2 mil 685 casos de violencia contra personas con discapacidad, de los cuales 1 mil 893 (70,5%) las víctimas fueron mujeres. En más del 40% de los casos, las víctimas estaban entre las edades de 18 a 49 años y los tipos de violencia más frecuentes en los casos registrados fueron la violencia psicológica y física. Respecto a los departamentos donde se reportaron mayor casos de violencia hacia personas con discapacidad, fueron: Lima Metropolitana (675), Arequipa (279), La Libertad (138), Ancash (137) y Junín (132).
La especialista en ciencias políticas y género, Natali Huapaya, señala que existen factores de riesgo cuando hablamos de violencia contra mujeres con discapacidad, estos suelen ser: el desconocimiento de sus derechos, la sobreprotección de los familiares que no permite el desarrollo de la autonomía de las mujeres con discapacidad, falta de accesibilidad de programas y servicios de atención y protección frente a la violencia desde un enfoque de discapacidad e interseccional, falta de credibilidad a los testimonios de las víctimas y los estereotipos y prejuicios que se les imponen a las mujeres con discapacidad.
La experta señala que, para combatir esta problemática, es necesario incorporar el enfoque de discapacidad en los programas y servicios de protección a las víctimas de violencia y la capacitación a los miembros del sistema de protección (PNP, CEM, operadores de justicia) para brindar atención y servicios de calidad a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
Respecto a las políticas y leyes que protegen a las personas con discapacidad, la comunicadora de la Asociación Paz y Esperanza, Milagros Sovero, menciona que se cuenta con la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973) y la Ley N° 30364, la cual representa un avance respecto al tratamiento de la violencia contra la mujer; no obstante, la especialista señala que esta norma no contempla el enfoque de discapacidad con perspectiva interseccional. Asimismo, la experta menciona que las fichas de valoración de riesgo han sido insuficientes para atender los casos de violencia a mujeres con discapacidad. Sovero indica que hay una agenda pendiente respecto a esta problemática, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables necesita implementar la Ficha de Valoración de Riesgo (FVR) para mujeres con discapacidad o, en su defecto, se requiere incorporar el enfoque de discapacidad con perspectiva interseccional en las FVR vigentes. Adicional a ello, se necesita que el mencionado ministerio y los órganos del sistema de justicia diseñen estrategias para incentivar la interposición de denuncias en casos de violencia que afectan a las mujeres con discapacidad, asegurando su accesibilidad, el acceso a ajustes razonables, el respeto a la capacidad jurídica y la provisión de apoyos en estos procesos.
