Agencia de Noticias Chiclayo (Brennan Barboza Bravo).- Cumpliendo con su rol constitucional de supervisor de derechos humanos y del buen funcionamiento de la administración pública, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el nombramiento del próximo ministro de Educación.
En su pronunciamiento, el órgano constitucional autónomo considera que si bien la Constitución Política del Estado reconoce la facultad del presidente de la República para elegir a sus ministros, ello no implica que tal decisión se encuentre exenta de cumplir con las obligaciones y exigencias de formación, trayectoria profesional y ética que impone el ejercicio de tal alto cargo público.
La base de un proyecto de Ley presentado al Congreso de la República por la Defensoría del Pueblo, establece que los ministros deben mostrar un claro compromiso con el respeto a los derechos humanos, dado que son garantes de los mismos. A su vez, les corresponde brindar garantías de cumplir con el principio de buena administración pública y de encabezar la lucha estatal contra la corrupción y el terrorismo, al ser ambas expresiones de agravio a los derechos fundamentes.
La Defensoría del Pueblo también señala que, en el caso del sector Educación, el próximo ministro debe mostrar una trayectoria profesional coherente con el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, especialmente de su derecho a la educación, dado que constituyen los principales destinatarios de los esfuerzos educativos del país, por lo que su reconocimiento como sujeto de derecho debe priorizarse en este contexto de pandemia debido al impacto que ha causado en sus vidas.
Asimismo, considera que debe tenerse presente que al titular de la cartera le corresponde garantizar una vuelta a clases ordenada y segura para todos los estudiantes del país. En el mismo sentido, le será una tarea impostergable el garantizar la plena inclusión de estudiantes con discapacidad, migrantes y refugiados, fortalecer la educación bilingüe e intercultural, implementar la educación sexual integral en todos los niveles educativos y promover una convivencia escolar sin violencia, entre otros aspectos.
Dada la importancia del sector Educación en el desarrollo del país y la protección de derechos humanos de millones de niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo demandó al presidente de la República que nombre un ministro que cumpla de forma cabal con las exigencias constitucionales antes mencionadas, siendo ello necesario porque el cambio continuo de titulares, algunos por no cumplir las exigencias propias del cargo, ha puesto en peligro la continuidad de las políticas públicas en la materia.
